Una transición energética justa necesita más que participación en los beneficios: una visión desde el Salar de Atacama
La narrativa global sobre la transición a energías con bajas emisiones de carbono se centra en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Sin embargo, la extracción de los minerales críticos para alimentar la llamada "economía verde" afectará a las comunidades locales del Sur Global; rara vez se tienen en cuenta su situación y sus puntos de vista.
Un cartel muestra los costos socio-ambientales de la extracción de minerales, tal y como los perciben los activistas locales. (Crédito: Nicolás M. Perrone)
Las narrativas globales sobre la transición energética sitúan a toda la humanidad unida, con responsabilidades comunes aunque diferenciadas hacia un objetivo mutuo y compartido: evitar una catástrofe climática. Sin embargo, algunas comunidades locales no comparten esta narrativa.
Por ejemplo, la comunidad que vive en la cuenca del Salar de Atacama en Chile. Chile es uno de los mayores productores de litio del mundo, sólo superado por Australia, y todo su litio procede de un solo lugar: El Salar de Atacama.
Esta región contribuye de manera significativa a la transición a energías con bajas emisiones de carbono -el 30% de la producción mundial de litio procede de Atacama-, lo que nos acerca al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Pero Atacama y sus habitantes soportan la mayor parte de los costes y riesgos que conlleva la producción de ese litio.
Consumidores globales, vidas locales
Para impulsar nuestra economía baja en carbono, las empresas multinacionales, los gobiernos y los consumidores esperan explotar recursos valiosos como el litio del Sur Global. Pero, ¿qué pasa con las comunidades que viven en Atacama y otras regiones y que tienen derechos sobre esas tierras? En el caso del Salar de Atacama, la comunidad local afectada es el pueblo Lickanantay, un grupo indígena que vive en zonas de Chile, Argentina y Bolivia y que, junto con otros pueblos indígenas, están entre los habitantes más pobres de Chile. Su medio de vida tradicional se basa en la agricultura y la ganadería.
Los líderes del pueblo Lickanantay cuestionan el pensamiento dominante sobre la transición a energías con bajas emisiones de carbono. Mientras el mundo busca lugares como Atacama para extraer minerales críticos, ellos temen que la fiebre por el litio destruya su cultura y su medio ambiente. Aunque el litio puede reportarles ingresos a corto plazo, la comunidad cuestiona los efectos en su territorio y su forma de vida. El modo de vida de los Lickanantay precede en siglos al consumismo occidental, y ellos saben que han contribuido poco o nada al cambio climático.
Con los años, y frente a los poderosos intereses corporativos y geopolíticos, muchos líderes Lickanantay han concluido que la oposición a estos proyectos es inútil. La resistencia fue una opción hace una década, cuando jóvenes líderes crearon el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL). Organizaron campañas, concedieron entrevistas a cadenas mundiales de televisión y recorrieron el mundo denunciando la situación. Pero esto no detuvo la explotación minera, y el pueblo Lickanantay siguió sin tener agua potable, escuelas ni hospitales. Mientras las cosas seguían como siempre, muchas comunidades se dieron cuenta de la inutilidad de seguir resistiendo.
Participación en los beneficios y en los negocios
En lugar de oponerse a la producción de litio, el pueblo Lickanantay decidió plantear tres exigencias a las empresas: un reparto equitativo de los beneficios, garantías sobre el impacto medioambiental y una dirección compartida de las operaciones. Cuando los activistas ecologistas los acusaron de renunciar a la naturaleza, los dirigentes de Lickanantay respondieron que el Estado chileno los ha abandonado durante décadas. No quieren correr la misma suerte que otras comunidades, desplazados de sus territorios por la fuerza.
Al Norte de Chile se le suele llamar "el sueldo de Chile", ya que el cobre y el litio que allí se producen representan una gran parte del PIB, en torno al 12%, que históricamente beneficia a las élites chilenas o es gastado en la capital, Santiago de Chile.
En esencia, los Lickanantay piden que se les trate igual que a los inversores. Las empresas sólo están dispuestas a aportar capital y tecnología a Atacama a cambio de un beneficio adecuado y buenas condiciones de inversión. Los Lickanantay buscan un trato similar. Pero ese trato conlleva un riesgo y una incertidumbre considerables debido a la falta de información sobre el impacto social y ambiental de las operaciones mineras en el Salar de Atacama. Por ello, la comunidad Lickanantay exige que el gobierno y los inversores mitiguen los posibles daños medioambientales y demandan garantías de que su contribución será debidamente remunerada.
Tras casi una década de complejas negociaciones, los Lickanantay han obtenido algunas concesiones y siguen reclamando otras. Una de las empresas que operan en el salar, Albermarle Corporation, acordó entregar el 3,5% del total de las ventas de litio al Consejo de Pueblos Atacameños, que podrá destinarse a programas sociales y de inversión. La otra empresa, Sociedad Química y Minera de Chile, no hace una contribución financiera directa, pero ofrece a la comunidad diversos proyectos de bienestar social. Las dos empresas y las comunidades indígenas también han creado estaciones de investigación para vigilar el ecosistema local y el medio ambiente del Salar de Atacama.
El dinero trae tensiones y división
Pero los beneficios económicos tienen sus inconvenientes. El repentino flujo de millones de dólares estadounidenses hacia la comunidad de Lickanantay ha creado divisiones en su seno. Para beneficiarse de estos fondos, las personas deben estar registradas como miembros de una "comunidad indígena", registro que se delega en cada comunidad en virtud de la Ley Indígena chilena. Esta situación ha provocado tensiones en torno a los criterios utilizados para incorporar nuevos miembros. Muchas personas de la región creen que estos cambios han desencadenado un proceso de fragmentación de la comunidad. Algunos líderes han sido acusados de enriquecerse, otros de trabajar como contratistas para las empresas. Los críticos afirman que estas divisiones están debilitando a las comunidades y beneficiando a los inversores y al Estado. Mientras tanto, los defensores de la forma de vida tradicional y del ecosistema temen que estas fuentes de dinero puedan rebajar las expectativas ambientales.
¿Hacia una transición justa?
Está por verse si los inversores y el gobierno chileno aceptan una dirección compartida de las operaciones. Hasta el momento, los Lickanantay no han logrado obtener control sobre los proyectos mineros. Por la experiencia vivida, sin embargo, tampoco está claro si esa participación unirá a la comunidad, protegiendo una cultura que considera la naturaleza y las personas como una entidad indivisible. Este caso de estudio demuestra que la transición energética y el abandono de los combustibles fósiles deben tener muy en cuenta las perspectivas de las comunidades locales como los Lickanantay.
¿Cómo podemos atender las necesidades de las comunidades locales cuyo modo de vida y supervivencia dependen de la protección de su medio ambiente y cultura? Por encima de todo, tenemos que encontrar formas de que la población local se reúna con otras partes interesadas y tenga voz y voto en el diseño, el funcionamiento y la negociación de los proyectos extractivos que tienen lugar en sus territorios ancestrales. Sólo respetando la cultura, medio ambiente y necesidades económicas de las comunidades indígenas podremos lograr una transición energética realmente justa.
Este blog forma parte de una serie sobre minerales críticos, desarrollada a través de una colaboración entre el IIED y la Universidad de Valparaíso (proyecto Fondecyt 11220095).
