Crisis entrecruzadas y respuestas de las mujeres en Colombia

La región del norte del Cauca, en el suroeste de Colombia, se caracteriza por ser un terreno montañoso diverso, con pendientes pronunciadas, valles y mesetas altas. Aproximadamente el 25 % de la población del departamento es indígena. Las comunidades Afrocolombianas, con raíces que remontan a la época colonial y a los pueblos africanos que llegaron forzadamente al territorio, representan alrededor del 20 % de la población, mientras que los mestizos (personas de ascendencia mixta indígena y europea) representan aproximadamente el 50 %. 

La mayoría de las comunidades dependen de la agricultura para su sustento, y el cultivo de la caña de azúcar en poder de los ingenios azucareros ha dominado el paisaje del norte del Cauca durante siglos.

Para las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y campesinas, la tierra no solo es vital para su sustento, sino que también está profundamente ligada a su identidad cultural y a la vida comunitaria.

La larga lucha por los derechos sobre la tierra no logra una protección total

Las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y campesinas han luchado durante mucho tiempo por el reconocimiento legal de sus territorios. En parte como resultado de sus esfuerzos, Colombia adoptó una constitución progresista en 1991, que reconocía formalmente al país como una nación pluriétnica y multicultural.

Leyes posteriores ampliaron estas protecciones:

• La Ley 21 de 1991 otorgó a los pueblos indígenas y tribales el derecho a la propiedad y la posesión de las tierras que ocupan.
• La Ley 70 de 1993, reconoció los territorios ocupados históricamente por las comunidades afrodescendientes, estableció el derecho a la propiedad colectiva de la tierra para las comunidades las afrodescendientes y el reconocimiento de los Consejos Comunitarios para la administración de territorios colectivos.
• La Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural reconoció la propiedad comunal de las tierras indígenas a través del sistema de resguardos, y la posibilidad de participar en adjudicación de tierras adquiridas por el Estado a comunidades indígenas y afrocdescendientes.

Estas medidas proporcionan un marco jurídico para la protección de la tierra y los recursos naturales, así como los derechos a la preservación cultural y la gobernanza autónoma.

Sin embargo, décadas después, estas protecciones no se han implementado plenamente. Incluso cuando las comunidades cuentan con títulos de propiedad legales, a menudo carecen de la capacidad administrativa y financiera para gobernar y defender sus territorios de manera eficaz. 

Las tierras fértiles siguen estando muy concentradas en manos de grandes actores industriales, mientras que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se quedan con parcelas fragmentadas, lo que socava su autonomía territorial.

Long struggle for land rights doesn't achieve full protection

Indigenous, Afro-descendant and peasant communities have long fought for legal recognition of their territories. Partly as a result of their efforts, Colombia adopted a progressive constitution in 1991, which formally recognised the country as a pluriethnic and multicultural nation.

Subsequent laws expanded these protections:

• Law 21 in 1991 granted Indigenous and tribal peoples the right to own and occupy the lands they inhabit
• Law 70 in 1993 recognised the territories historically occupied by Afro-descendant communities, established collective land ownership rights and created Community Councils for the management of collective territories, and
• Law 160 in 1994 created the National System for Agrarian Reform and Rural Development, recognised communal Indigenous land ownership through the resguardo system and enabled Indigenous and Afro-descendant communities to participate in allocations of land that had been acquired by the state.

These measures provided a legal framework for the protection of land and natural resources, as well as rights to cultural preservation and autonomous governance.

Yet decades later, these protections are not fully implemented. Even when communities have legal land titles, they often lack the administrative and financial capacity to govern and defend their territories effectively.

Fertile lands remain highly concentrated in the hands of large-scale industrial actors, while Indigenous, Afro-descendant and peasant communities are left with fragmented plots, undermining their territorial autonomy.

Presiones entrelazadas

Las comunidades rurales del norte del Cauca continúan enfrentando los impactos de un sistema extractivista profundamente arraigado. Las concesiones mineras y agroindustriales siguen otorgándose sin una consulta efectiva, lo que socava la gobernanza local y fragmenta el control territorial. 

En muchos casos, el Estado conserva los derechos sobre los recursos del subsuelo y permite a las empresas mineras operar dentro de los territorios colectivos.

La agricultura industrial y la minería están degradando los ecosistemas locales. El monocultivo de caña de azúcar requiere grandes cantidades de agua, lo que agota las reservas de agua subterránea y seca los arroyos. La minería ha contaminado los ríos con mercurio y otros productos químicos, lo que reduce aún más el acceso al agua limpia y perjudica la salud.

Las riberas de los ríos, que antes eran importantes espacios comunitarios y sociales para las mujeres, ahora son inaccesibles. En algunas comunidades, la gente tiene dificultades para acceder al agua potable. 

Los bosques nativos están siendo destruidos por las quemas y los herbicidas, mientras que el cercado de grandes extensiones de tierra para el monocultivo ha acelerado la pérdida y la fragmentación de la tierra y los ecosistemas, lo que ha provocado la desaparición de aves, plantas medicinales y otra biodiversidad esencial para los conocimientos tradicionales y los sistemas alimentarios.

El cambio climático es un multiplicador de amenazas: las lluvias cada vez más irregulares, las sequías prolongadas y las tormentas intensas socavan la producción de alimentos e intensifican la escasez de agua.

Las mujeres que luchan por proteger los recursos naturales y construir medios de vida también se enfrentan a la violencia de los grupos armados. El norte del Cauca es un corredor estratégico que conecta el interior de Colombia con el Pacífico y Cali. Los grupos armados, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las fuerzas paramilitares y las bandas criminales, compiten por el control de las rutas de la droga y los cultivos ilícitos. 

Esta violencia, que se prolonga desde hace décadas, ha provocado desplazamientos, amenazas contra los líderes comunitarios y un debilitamiento general de la gobernanza.

La desigualdad de género como amplificador de la crisis

Debido a su papel central en los medios de vida basados en la tierra y en las labores de cuidado, las mujeres Indígenas, Afrodescendientes y campesinas se encuentran entre las más afectadas por el despojo de tierras, la degradación ambiental y el cambio climático. Cuando el acceso al agua, la leña o las tierras fértiles es limitado, ante la distribución desigual de tareas domésticas, la carga de trabajo de las mujeres aumenta, lo que les deja menos tiempo para la educación, la participación cívica o las actividades generadoras de ingresos.

Aunque la ley garantiza la igualdad de derechos sobre la tierra para hombres y mujeres, en el norte del Cauca las normas sociales discriminatorias tradicionales socavan la posibilidad de las mujeres para acceder a la tierra, poseerla y administrarla. La herencia y la administración de la tierra favorecen a los hombres, lo que deja a muchas mujeres sin derechos sobre la tierra, especialmente si están separadas o son viudas.

Esta dinámica no solo socava la autonomía personal de las mujeres, sino que también erosiona la resiliencia de sus comunidades.

Las mujeres también se enfrentan a una violencia de género generalizada, que incluye el maltrato doméstico y las amenazas de los grupos armados, especialmente cuando asumen funciones de liderazgo o defienden públicamente sus derechos sobre la tierra o el medio ambiente.

Las mujeres se erigen como defensoras de la tierra y el medio ambiente

Las mujeres Indígenas y Afrodescendientes del norte del Cauca se han convertido en defensoras clave de sus territorios, ecosistemas y patrimonio cultural.

Para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y garantizar la soberanía alimentaria, las mujeres están liderando iniciativas que incorporan prácticas tradicionales de uso de la tierra, como la agricultura rotativa, la agricultura orgánica, reforestación, recuperación de semillas nativas y las prácticas de conservación del suelo y el agua.

Las mujeres también lideran cada vez más los esfuerzos para garantizar los títulos de propiedad colectivos y desafiar el despojo ilegal, presentando demandas y participando en procedimientos legales para formalizar el control sobre sus territorios ancestrales.

La ASOM se ha  articulado a  movimientos internacionales más amplios, como la Alianza  de Mujeres del Sur Global (WiGSA) (por sus siglas en Inglés) por la Tenencia de la Tierra y el Cambio Climático, y la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI) (por sus siglas en Inglés) lo que ha contribuido a dar visibilidad a las luchas de las mujeres Indígenas y Afrodescendientes y a conseguir apoyo para su trabajo de base.

Las experiencias de las mujeres en Norte del Cauca ilustran cómo el extractivismo, la degradación ambiental, la gobernanza patriarcal de la tierra y la discriminación sistémica convergen para socavar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Ante estas presiones, las mujeres están protegiendo sus ecosistemas y movilizándose para que se reconozcan legalmente sus derechos. Pero esta resistencia no sustituye al cambio sistémico. Apoyar a estas mujeres requiere que las instituciones, los gobiernos y las empresas rindan cuentas. Significa crear entornos propicios en los que se apoye su liderazgo y se integre en cambios más amplios hacia la justicia ecológica y social.